PROMESA Incumplida
En 2016, el Congreso prometió un proceso ordenado, transparente y justo para resolver la crisis fiscal de Puerto Rico. Le llamaron PROMESA.
Diez años después, la deuda sigue en proceso de reestructuración, los recortes siguen llegando y el poder se ha quedado en manos de personas que nadie en Puerto Rico eligió.
Este hub de recursos existe para documentar lo que pasó, lo que sigue pasando y lo que aún se puede cambiar con datos, análisis, recursos para organizaciones, creadores de contenido y cualquier persona que quiera entender y promover cambio de verdad.
10 Años
bajo supervisión fiscal federal
$72B+
en deuda pública
3.2M
personas afectadas en la isla
Antes de PROMESA: El Problema
Entre 2006 y 2015, antes de que se propusiera la Ley PROMESA, ya existía un debate publico sobre la crisis fiscal en Puerto Rico. La economia entro en recesion en 2006 y acumulo una deuda que supero lo $70 mil millones. Para principios de la década de 2010 se discutia la posible quiebra del gobierno, la austeridad y la falta de herramientas legales para manejar la deuda. Debido al estatus territorial y porque fue excluido del Capítulo 9 por parte del COngreso de los Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a ese proceso de quiebra.
Como colonia, Puerto Rico no puede declararse en bancarrota y utilizar los mecanismos de rescate económico al que le tienen acceso otras jurisdicciones en EEUU. Puerto Rico busca una solución local y federal para responder a la crisis económica de su deuda pública.
PROMESA ofreció un proceso poco detallado sobre la reestructuración de la deuda y manejo de planes fiscales (presupuesto de PR).
Los nombramientos se hicieron, supuestamente, a base de una lista de recomendaciones de parte de Congresistas de ambos partidos políticos americanos. Ninguna de las listas de recomendaciones durante la última década se han hecho públicas.
El primer plan fiscal aprobado por la Junta propuso una serie de recortes masivos a varios sistemas públicos: la Universidad de Puerto Rico, Sistema de Salud, pensiones, Gobierno Central (disminución de nómina y consolidación de agencias), cierres de escuelas y recortes de ayudas gubernamentales. A su vez, el salario de la primera Directora Ejecutiva de la Junta fue de $625,000 en 2016, una cifra que excede el salario del presidente de los Estados Unidos.
De Abril a Junio: La Asamblea Nacional de Estudiantes declaró una huelga en la Universidad de Puerto Rico en respuesta a los recortes masivos propuestos por la Junta, que equivalen a aproximadamente un tercio del presupuesto total del sistema universitario. Los planes presentados por la Junta proyectaron un recorte del 50% para el año fiscal 2021 y aumentos significativos en el costo de la matrícula para sus estudiantes. El primer recorte, de $450M, se implementó “de cantazo” en el plan fiscal del 2017, sin la adopción de medidas preventivas para proteger la calidad de servicios académicos y administrativos de la UPR.
Se radica el Título III, ofreciendo un proceso similar a una quiebra, diseñado especificamente para Puerto Rico y supervisado por el tribunal federal, donde la Junta, actúa como representante del Gobierno Central de Puerto Rico y puede renegociar los términos del repago de ~$73 mil millones de deuda.
A través de este proceso, la Junta puede reestructurar las obligaciones de gobierno con entidades privadas – incluyendo los bonos municipales (préstamos que se usan para financiar las operaciones del gobierno con la expectativa de repago) y los pagos de pensiones que se les debe a los retirados del sistema público de Puerto Rico.
Las renegociaciones deben ser aprobadas por la corte federal de EEUU, bajo la supervisión de la jueza Laura Taylor Swain.
El 2018 fue marcado por el cierre de cientos de escuelas públicas y actos de resistencia. Mientras el pueblo navegaba la recuperación post-desastre en sus comunidades, la Junta de Control Fiscal impulsaba recortes y reformas que afectaron gravemente al sistema educativo. Maestrxs, estudiantes y familias salieron a las calles para denunciar cómo la austeridad y la crisis de deuda estaban empeorando las condiciones de vida y poniendo en riesgo los recursos públicos a beneficio de los acreedores de Wall Street.
La jueza Taylor Swain aprueba la primera renegociación: la deuda de COFINA. El Plan de Ajuste le garantiza más del 53% de los ingresos generados por el IVU a los acreedores por 40 años; el resto se los “queda” el gobierno central para rendirle servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico.
El acuerdo de COFINA, la porción más grande de todas las deudas del gobierno (I)
Protestas en la Fortaleza resultan en la renuncia del Gobernador Ricardo Roselló.
La Junta emite comunicaciones advirtiendo sobre los riesgos de solvencia del sistema de retiro de la UPR y la posibilidad de incumplimiento si no se adoptan medidas correctivas, lo que impacta directamente a jubilados y empleados de la universidad en sus pensiones, así como a las decisiones internas sobre financiamiento y sostenibilidad del sistema.
El Gobierno de Puerto Rico firma contrato con LUMA Energy para “restaurar y operar” la red energética de Puerto Rico con fondos federales otorgados después de las devastaciones de los huracanes María e Irma, rompiendo con el manejo por empleados públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica y privatizando las operaciones de la utilidad. La Junta aprueba el contrato, valorado en $1,500,000,000 por 15 años.
Jose Carrión III sale de la Junta y David Skeel – profesor de ley de quiebra y uno de los originadores de la propuesta base de PROMESA – lo reemplaza como Presidente (Chair) de la Junta.
LUMA Energy recibe contrato para operar el sistema eléctrico del país, marcando la privatización de la red energética de Puerto Rico. En ese momento, la AEE tenía una deuda de aproximadamente $9 mil millones.
Acreedores de la AEE buscan pagos priorizados con fondos federales. La Jueza Swain les dice que no: a los bonistas solo se les paga si hay ganancias; de acuerdo a la Junta, no se estaban generando.
Natalie Jaresko renuncia como Directora Ejecutiva de la Junta, indicando que vio su tiempo en Puerto Rico como una "misión cumplida" luego de que se aprobara el Plan de Ajuste del Gobierno Central.
En el caso de la deuda de la AEE, la jueza Taylor Swain determina que los acreedores solamente tienen derecho a pagos sobre los ingresos netos de la AEE. Es decir: a los bonistas solo se les paga si hay ingresos mayores a los gastos de la red que, de acuerdo a la Junta, no se estaban generando.
En 2017, después de años en deterioro y devastación por el Huracán María, la Junta declaró que la AEE estaba en quiebra. La respuesta, liderada por la misma Junta, fue privatizar las operaciones de la AEE utilizando fondos federales que llegaron después de los huracanes. La decisión resultó en un contrato de $1.5MM por 15 años con LUMA Energy– impactando a los consumidores quienes ahora dependen de una empresa con intereses de lucro, los derechos laborales de miles de trabajadores y los pagos a sus pensionados.
En 2022, después de casi 5 años de negociaciones inefectivas entre los bonistas y la Junta sobre como se iba a reestructurar la deuda de la AEE, la Jueza Taylor Swain ordenó que la Junta y sus acreedores entren en un proceso de mediación para ponerse de acuerdo sobre el monto total de la deuda y renegociar los términos de pago a base de lo que la Autoridad podría pagar. En 2026, después de otros casi 5 años, el camino para reestructurar deuda de la AEE sigue sin dirección mientras millones de dólares se han invertido en un proceso de mediación aparentemente sin fin.
Robert Mujica asume el rol de Director Ejecutivo. Mujica, ex-funcionario de la ciudad de Nueva York, trabajó como Director del Presupuesto de la ciudad. Su salario casi se triplicó entre roles, ganándose un salario de $216,186 en Nueva York y de $625,000 en Puerto Rico. Para ponerlo en contexto: el Presidente de EE.UU. se gana unos $400,000 anuales y el salario mediano en Puerto Rico es menos de $28,000.
ivo.
El Tribunal Supremo de EEUU decide en contra de una demanda llevada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que buscaba acceso a documentos de la Junta. La decisión efectivamente le extiende “inmunidad soberana” a la Junta– una protección que limita aún más la rendición de cuentas a la Junta.
Sale David Skeel y entra Arthur González como Chairman de la Junta de Control Fiscal (JCF), un abogado y exjuez federal especializado en quiebras que ha manejado casos corporativos de gran escala en Estados Unidos, marcando un cambio en el liderato en medio del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
La Junta demandó para eliminar la Ley 10, relacionada a la mediación energética, la cual establece un proceso de negociación entre las partes antes de tomar decisiones en el sistema eléctrico. La Junta argumentó que este mecanismo interfería con sus facultades bajo la Ley PROMESA, buscando invalidarlo y así limitar esos espacios de mediación.
La deuda de la AEE sigue bajo el foco: un grupo de bonistas de la AEE se unieron para reclamar un pago de $3.7 mil millones, diciendo que son gastos “administrativos” que se deben priorizar junto a otros gastos operacionales de la red. El esfuerzo, que se trata como un proceso legal bajo la corte de la jueza Taylor Swain, es una manera de buscar pagos fuera de otras negociaciones sobre la deuda que aún continúan.
El junte de bonistas se va solidificando como un bloque para negociaciones futuras entre la Junta y los bonistas, quienes buscan reclamar la cantidad total del valor de sus bonos iniciales (approx. $11 mil millones).
Los bonistas siguen buscando maneras de deslegitimar a la Junta, en algunos casos parecen alinearse con el mensaje de un pueblo cansado de la austeridad promovida por la JCF. En fin, buscan “sacarlos del medio” para asegurar el mayor pago posible.
El presidente estadounidense Donald Trump destituye a 6 de los 7 miembros de la Junta. La movida llega poco después del junte de bonistas de la AEE quienes han expresado urgencia para finalizar el proceso de las negociaciones de la deuda y que cuentan con aliados dentro de la administración federal.
Poco después de los despidos, 4 de los miembros removidos demandan a la administración Trump donde reclaman haber sido removidos “sin causa” (sin el debido proceso legal). El despido se contextualiza dentro de otras movidas similares por la Administración en otras agencias del gobierno federal– por lo que hay un caso en la corte suprema de EEUU (Trump v Cook). La corte federal bajo la Jueza Antongiorgi-Jordán decidió restituir a los miembros en lo que se decide el caso en la corte suprema. También, bloqueó el que se nominen nuevos miembros durante la espera.
Por su parte, los bonistas siguen buscando maneras de deslegitimar a la Junta, en algunos casos alineándose con el mensaje de un pueblo cansado de la austeridad promovida por la JCF. En fin, buscan “sacarlos del medio” para asegurar el mayor pago posible del gobierno de Puerto Rico.
La jueza Taylor Swain rechazó el reclamo de los bonistas de la AEE sobre “gastos administrativos,” negando un pago de $3.7 mil millones.
Después de que Trump sacó a la mayoría de los miembros de la Junta, 3 de los miembros decidieron reintegrarse a la Junta, por lo que ahora hay 4 miembros activos y 3 sillas sin llenar. Las reglas de la Junta requieren un quórum de por lo menos 5 votos para tomar decisiones como renegociaciones de la deuda, por lo que el proceso de la AEE también se queda pendiente a las decisión de la corte suprema sobre el caso Trump v Cook.
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